Primer ministro rumano,Calin Popescu Tariceanu
"Estoy contento de ver este momento", aseguró Tariceanu en una ceremonia en la que entregó las indemnizaciones a las primeras 20 personas que reciben estas compensaciones en efectivo por las propiedades que les fueron confiscadas, gracias a una ley aprobada por el Ejecutivo de Tariceanu en 2005.
"Logramos dar un poco de justicia a aquellos que sufrieron tanto", afirmó Tariceanu. "Era un largo y difícil proceso para los propietarios el de recuperar sus propiedades. Creo que es un gesto normal en un país que funciona bajo las normas de la Ley".
El Gobierno ha establecido un Fondo de Propiedad para pagar los daños por los activos que no pudieron ser devueltos, es decir, aquellos rumanos cuyas propiedades fueron confiscadas pero que no pueden reclamar porque ya no existen como tal pueden recibir efectivo así como una parte del fondo, que cotizará en la Bolsa de Bucarest.
El coste total de los daños causados por las expropiaciones de propiedades privadas, sociales y religiosas está estimado en hasta 8.000 millones de euros. Un total de 5.107 rumanos tienen derecho a una compensación, aunque el valor máximo de lo que pueden recibir en metálico está fijado en 500.000 lei (147.000 euros).
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