Monday, November 26, 2007

Evo Morales saca adelante una Constitución escrita con sangre

26.11.07 | 08:22. Archivado en Bolivia

Periodista Digital


(EFE/PD).-Evo Morales y sus secuaces aplicaron el recetario chavista y secuestraron a la Asamblea Constituyente, se atrincheraron en un regimiento militar, y decidieron implantar una dictadura aplastando a todo opositor que obstruya el camino. Con tres cercos -uno policial, otro militar y un tercero que tenía como participantes a las milicias de Morales- el índígena debrá enfrentar ahora la rebelión cívica que comenzó en en el estado de Sucre y que amenaza con extenderse en todo el país.

Avasallando su Reglamento de Debates y sin escuchar los pedidos de un receso para frenar los enfrentamientos que provocaron al menos un muerto y más de un centenar de heridos en Sucre, según diversas fuentes, los asambleístas del MAS y sus aliados aprobaron anoche en grande el nuevo texto de la Constitución Política del Estado (CPE). "El atentado más descarado a la democracia en Bolivia", como relata Martín Gutiérrez en su blog.




El diario paceño La Razón destacó ayer que los constituyentes del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), "atropellaron el reglamento" de la Asamblea al saltarse anteanoche varios pasos del procedimiento establecido.

Recluidos en un liceo militar, cercados por disturbios que causaron tres muertos y cientos de heridos, algunos de ellos muy graves, los legisladores oficialistas aprobaron el nuevo texto constitucional en primera instancia, sin leerlo y a mano alzada. Para su aprobación resta ahora la votación artículo por artículo y su ratificación en referéndum.

La nueva Carta Magna fue aprobada por 136 de los 255 asambleístas elegidos en julio de 2006, en comicios en los que el MAS obtuvo el 50,7 por ciento de los votos y 137 escaños.

Inmediatamente después del anuncio, toda la oposición, los líderes de varias regiones, asociaciones empresariales y otros sectores rechazaron de inmediato su aprobación, con el argumento de que se había ignorado a medio país y de que había sido sancionada "bajo fusiles" y con "sangre en las calles".

Así, el ex presidente conservador Jorge Quiroga (2001-2002) calificó de "vergonzosa teatralización" la sesión que protagonizaron los partidarios de Morales en la Asamblea Constituyente y declaró que el texto aprobado valía "tanto como papel higiénico usado".

El ex mandatario, que hoy lidera Poder Democrático y Social (Podemos), que constituye la mayor alianza opositora, también opinó que la democracia había sido "acuartelada" y que la propuesta constitucional de Morales había sido aprobada siguiendo "el mal ejemplo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez".




Asimismo, anunció que Podemos, que controla el Senado, hará lo necesario para procesar a las autoridades del gobierno de Morales y a los militares que permitieron a la mayoría oficialista deliberar en un cuartel para aprobar la nueva Constitución "bajo bayonetas".

En tanto, el constituyente y líder de la centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, sostuvo que "ahora es fundamental evitar que continúe la confrontación" y suspender las reuniones de la Asamblea, cuya presidenta, la campesina quechua Silvia Lazarte, designada por Morales, había llamado a reanudar las sesiones ayer.

"La Constituyente debería ser el reflejo de un pacto social y no puede escribirse con sangre", declaró Medina, quien abogó por serenidad.

En medio de la peor crisis de su gobierno, Morales recibió ayer llamadas de mandatarios de varios países de la región, preocupados por la situación, revelaron fuentes diplomáticas.

La mayoría de los analistas y diplomáticos considera que el nuevo texto constitucional difícilmente prospere con medio país en contra y un déficit de legitimidad por la forma en que fue aprobado.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de la próspera región oriental de Santa Cruz, Branco Marinkovic, optó por enviar una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; al de la OEA, José Miguel Insulza, y al nuncio apostólico de Bolivia, Ivo Scapolo, entre otros, para denunciar a Morales por uso de violencia represiva y atentado contra la democracia.




"Se promueve el tránsito hacia un Estado totalitario" con "uso de una violencia solamente vista en gobiernos [de] tiranos y fascistas", afirmó Marinkovic en la misiva, en la que además acusa al mandatario de "buscar la confrontación racial e ideológica".

Los principales diarios del país también opinaron ayer, en sus respectivos editoriales, sobre la crisis.

La Razón señaló que "los líderes de ambos lados [...] parecían decididos a llevar su confrontación hasta los últimos extremos, y eso fue lo que finalmente sucedió en una violenta jornada en Sucre". Y, en su editorial, titulado "El papel de los líderes del país", opinó que "de este momento dramático deberá salir una Bolivia diferente, es cierto, pero unida. Y ello dependerá de la capacidad que tengan los líderes de llegar a acuerdos".

El Deber, de Santa Cruz, criticó al gobierno de Morales al señalar que "el MAS impone con sangre su Constitución", mientras que Los Tiempos, de Cochabamba, afirmó que la democracia boliviana "está de luto".

El proyecto nacionalizador

Pese a la ola de críticas, Morales hizo un firme alegato en favor de la nueva Carta Magna y afirmó ayer que garantizará "cambios profundos en democracia", que se resumen en la recuperación de los recursos naturales para el Estado y una nueva distribución del ingreso.

"Siento que hay grupos que no quieren el cambio, que quieren retornar a otros modelos, como el neoliberal, vigente durante las últimas dos décadas, en que los bolivianos fuimos subcampeones de la corrupción", dijo.



En su propósito nacionalizador, Morales ha encontrado serias resistencias, especialmente en las ricas regiones del sur y oriente del país, lideradas por Santa Cruz, el departamento más próspero de Bolivia.

Cinco de los nueve departamentos bolivianos exigen que la Constituyente instaure un régimen de autonomías que ya fue aprobado en un referéndum en julio del año pasado. Pero el gobierno de Morales, que no está de acuerdo con autonomías departamentales, propone en cambio que haya autonomías indígenas.

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