Vuelven a la carga los Ramiros de la Habana

Romper el juego a las señales equivocadas

LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu

En cualquier parte del mundo constituye una grave trasgresión la obtención ilegítima de servicios de telecomunicaciones mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, o utilizando cualquier maniobra técnica que permita neutralizar, eludir o burlar los mecanismos de control establecidos.

De esta manera, se observa una tendencia a sancionar drásticamente a quienes lucran con la clonación de celulares, la decodificación y distribución ilegal de señales satelitales a terceras personas, o "colgarse" del cable.

En nuestro país, fundamentalmente en la capital, se han detectado casos de ciudadanos dedicados a la distribución de programas de televisión por cable, mediante el uso de tarjetas de recepción satelital sin estar autorizados para ello.

Invariablemente cuentan con la complicidad de ciudadanos extranjeros o cubanos residentes fuera del país, esencialmente en Miami, quienes introducen en el territorio nacional las mencionadas tarjetas y las mantienen recargadas. Unos y otros ganan buenas sumas de dinero, pues esto se ha convertido en un jugoso negocio.

No faltan personas que abonan mensualidades (como promedio 10 CUC) para acceder a canales televisivos emitidos fundamentalmente desde territorio estadounidense; vía explotada —y ampliamente incentivada y financiada— por aquellos que pretenden introducir en nuestra sociedad mensajes injerencistas, dirigidos a desestabilizar y destruir la Revolución cubana.

Quienes así actúan contravienen lo establecido en el Decreto-Ley 157 de 1995, "De los servicios de telecomunicaciones de carácter limitado"; en la Resolución 098 de 1995 del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), y en el Decreto 269 del 2000 del Consejo de Ministros, "De los servicios de radiocomunicaciones espaciales".

Tales normativas jurídicas disponen la imposición de sanciones pecuniarias por un valor de entre 10 000 y 20 000 pesos —el inspector está facultado a elevarlas hasta 30 000—, o su equivalente al cambio oficial en pesos convertibles, además del decomiso administrativo de medios o equipos empleados, como medida accesoria. En lo que va de año, por trasgresiones de esta índole han sido aplicadas multas que superan el millón 600 000 pesos.

Algunas de estas actuaciones llegan a constituir delitos y son penalmente condenadas. Así ocurrió en un hecho recientemente detectado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio capitalino de Playa.

Cerrar caminos a la ilegalidad

El pasado 6 de junio, fuera de su orden de trabajo y sin estar autorizados para ello por Redes Técnicas, tres trabajadores que se desempeñaban como operario de martillo compresor, chofer y plomero de la Empresa Aguas de La Habana, abrieron zanjas en tramos de calles aledañas a 62A entre 29 y 29A, en el municipio de Playa.

Previamente el ciudadano Israel M.A. les había propuesto el pago de 50.00 CUC para que hicieran varios cortes en vías cercanas a su domicilio. El objetivo era instalar "bajo tierra" conexiones de antenas parabólicas para recibir y distribuir señales satelitales de televisión extranjera, con lo cual engrosaría ilícitamente su patrimonio.

Actualmente los cuatro ciudadanos se encuentran detenidos con medidas cautelares y en espera de juicio, a fin de responder por la comisión de un delito de Actividades Económicas Ilícitas. Para tal trasgresión el Código Penal dispone la sanción de privación de libertad de uno a tres años y/o multa elevada, además de la confiscación de bienes.

En los últimos tiempos —ante las medidas tomadas por las autoridades pertinentes—, los elementos inescrupulosos dedicados al lucrativo negocio de la piratería y distribución de señales satelitales han introducido nuevas modalidades en su modus operandi.

Así, entre otras acciones, llevan a cabo sustracciones de bajante telefónico a particulares, interrumpiéndoles el acceso a este servicio; roturas del pavimento y ubicación de amplificadores de redes en azoteas de viviendas donde residen ancianos, o en casas cerradas o desocupadas. Al detectarse emisiones de señales en esos lugares, a estas personas se les considera facilitadores y, por consiguiente, acreedores de elevadas multas.

Cuanto hacen estos "personajes" por extender sus redes ilegales e inflar sus bolsillos, aun poniendo en juego la tranquilidad y la independencia del país, es cada vez más factible de ser detectado con el uso de medios técnicos y el apoyo de la población en general.

La ley se hace sentir; pero más fuerte aún es la condena del pueblo, quien, por encima de todo, pone bien en alto su soberanía y nacionalidad.