El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Scott Pruitt, terminará pronto con el uso que hace su agencia de la "ciencia secreta" para elaborar reglamentos.
"Debemos asegurarnos de que sus datos y metodología se publiquen como parte del registro", dijo Pruitt en una entrevista exclusiva con The Daily Caller News Foundation. "De lo contrario, no es transparente. No se mide objetivamente, y eso es importante ".
Pruitt revertirá la vieja política de la EPA que permite a los reguladores confiar en datos científicos no públicos en la elaboración de reglas. Dichos estudios se han utilizado para justificar decenas de miles de millones de dólares en regulaciones.
A los reguladores de la EPA solo se les permitiría considerar estudios científicos que hagan que sus datos estén disponibles para el escrutinio público bajo la nueva política de Pruitt. Además, los estudios financiados por la EPA tendrían que hacer públicos todos sus datos.
"Cuando contratamos esa ciencia, a veces los hallazgos se publican; hacemos esa parte de nuestros procesos de elaboración de normas, pero luego no publicamos la metodología y los datos que se incluyeron en esos hallazgos porque el tercero que realizó el estudio no nos los proporcionará ", agregó Pruitt.
"Y hemos dicho que está bien, también estamos cambiando eso", dijo Pruitt a TheDCNF.
Los conservadores han criticado a la EPA por confiar en los estudios científicos que publicaron sus hallazgos, pero no en los datos subyacentes. Sin embargo, los demócratas y los activistas ambientales han desafiado los intentos anteriores de brindar transparencia a los estudios utilizados en la elaboración de normas.
El representante republicano de Texas Lamar Smith presionó a la legislación para que ponga fin al uso de lo que él llama "ciencia secreta" en la EPA. Pruitt instituyó otra política en 2017 respaldada por Smith contra los científicos financiados por la EPA que sirven en las juntas consultivas de la agencia.
"Si utilizamos un tercero para participar en una revisión científica o consulta, y esa es la base de la reglamentación, usted y todos los ciudadanos estadounidenses de todo el país merecen saber cuáles son los datos, cuál es la metodología que se utilizó para llegar a esa conclusión que fue la apuntalando qué, reglas que fueron adoptadas por esta agencia ", explicó Pruitt.
La política de transparencia científica pendiente de Pruitt refleja la Ley HONESTA de Smith, que fue aprobada por la Cámara en marzo de 2017. La oficina de Smith se alegró de escuchar que Pruitt estaba adoptando otra política defendida por el presidente del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes.
"El presidente ha trabajado durante mucho tiempo hacia un proceso de elaboración de normas más abierto y transparente en la EPA, y espera cualquier anuncio del administrador Pruitt que logre ese objetivo", dijo la portavoz del comité Thea McDonald a TheDCNF.
El cruzado de la ciencia basura Steve Milloy también pidió a la EPA que termine su uso de la "ciencia secreta" en la elaboración de normas, especialmente cuando se trata de estudios sobre la toxicidad de partículas finas en el aire.
La EPA se ha basado principalmente en dos estudios de 1990 que relacionan la contaminación por partículas finas con la muerte prematura. Ninguno de los estudios ha hecho públicos sus datos, pero la EPA usó sus hallazgos para justificar el barrido de las regulaciones de calidad del aire.
Los beneficios informados de las normas de la EPA son "principalmente atribuibles a la reducción de la exposición pública a partículas finas", según el informe de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Eso es equivalente a miles de millones de dólares.
De hecho, una de las regulaciones más caras de la EPA en los libros, llamada MATS, derivó la mayoría de sus beneficios estimados de la reducción de partículas no de la reducción de mercurio, que la regla aparentemente fue diseñada para abordar.
Los MATS estimados por la EPA costarían $ 8,2 mil millones, pero producirían entre $ 28 mil millones y $ 77 mil millones en beneficios de salud pública. Es una historia similar para el Plan de Energía Limpia, que según la EPA costaría $ 8,4 mil millones y rendiría de $ 14 mil millones a $ 34 mil millones en beneficios para la salud y el clima.
Los demócratas y los ecologistas se han opuesto en gran medida a los intentos de exigir que la EPA dependa de datos científicos transparentes. Dichos datos restringirían la cantidad de estudios que la EPA puede usar, pero una objeción importante es hacer públicos los datos revelaría datos confidenciales del paciente, argumentan los oponentes.
"Muchos de los datos que EPA utiliza para proteger la salud pública y garantizar que tengamos aire limpio y agua limpia se basan en datos que no se pueden divulgar públicamente", dijo a E & E News el representante de Union of Concerned Scientists, Yogin Kothari.
"Realmente hastia la capacidad de la EPA para hacer cualquier cosa, para cumplir su misión", dijo Kothari.
Milloy, sin embargo, respondió y argumentó que es una "excusa" para afirmar que forzar a los reguladores a utilizar datos científicos públicos dañaría la privacidad del paciente.
"La disponibilidad de tales conjuntos de datos no es nada nuevo", dijo Milloy, editor de JunkScience.com y miembro principal del Instituto Legal de Energía y Medio Ambiente.
"El estado de California, por ejemplo, pone a disposición esos datos bajo el nombre de 'Archivos de fallecimiento de uso público'", dijo Milloy. "Usamos esos datos en la forma de más de dos millones de certificados de defunción anónimos en nuestro estudio reciente de California sobre partículas y muerte".
"Los opositores de la transparencia de los datos simplemente están tratando de ocultar los datos del escrutinio independiente", agregó Milloy. "Pero los estudios que usan esta información son financiados por los contribuyentes y se usan para regular al público".
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